Todavía no se sabe con certeza si son diez o veinte. En el vientre espeso de la selva brasileña, miembros de una tribu en aislamiento voluntario fueron presuntamente masacrados por mineros ilegales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos (ACNUDH) ya han manifestado su preocupación por el asesinato registrado, reportó la ‘OEA’ según la Fundación Nacional Indígena de Brasil (Funai), en la reserva Vale do Javari, ubicada en el extremo oeste del estado de Amazonas.

El Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) dio inicio a las investigaciones en la zona de difícil acceso y, lo que se sabe de manera extraoficial hasta ahora, es que la mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños. Pero, ¿es la primera vez que ocurren este tipo de hechos en el país suramericano? No. El caso de Haximú, que terminó en la primera condena en contra el Estado brasileño por genocidio, recuerda que esa herida sigue abierta y el riesgo para los pueblos originarios, latente.

Datos de la Funai, citados por ‘El Diario’, lanzan pistas sobre la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas ubicadas al norte de Brasil: en 2016, la violencia en esos territorios escaló a los peores niveles registrados en los últimos 13 años, con 1.536 conflictos que dejaron 61 víctimas fatales.

Aunque se presume que los victimarios fueron “garimpos”, como generalmente se le denomina a los mineros ilegales, ese no es el único riesgo al que se exponen las tribus originarias. Alicia Moncada, activista de Derechos Humanos y acompañante de procesos de resistencia indígena contra el extractivismo en la Amazonía, advierte que entre las actividades potencialmente peligrosas también se cuenta la expansión de agronegocios, como la tala indiscriminada de los bosques, y la ampliación de linderos de manera fraudulenta por parte de latifundistas.