Mateo, abogada y activista, fue nombrada miembro del comité asesor que busca mejorar el acceso a la universidad a los estudiantes de bajos ingresos en ese estado.

“Espero que esto sea solo el comienzo de que más personas indocumentadas tengan acceso a lugares en los que generalmente no somos aceptados”, afirmó Lizbeth, citada por ‘The Sacramento Bee’.

De acuerdo con Kevin de León, presidente interino del Senado de California, la decisión “ha hecho historia” y es una forma de rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump. “Mientras Trump se fija en los muros, California continuará concentrándose en las oportunidades”, aseveró De León.

Mateo, de 33 años, llegó a EE.UU. a los 14 años e ingresó a la carrera de jurisprudencia. Durante su formación se convirtió en uno de los primeros jóvenes en arriesgarse a la deportación tras apoyar el plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege a miles de jóvenes que llegaron de niños a EE.UU.

No obstante, en 2015 Mateo perdió la oportunidad de acogerse a dicho programa por haber viajado a México por un breve periodo para apoyar a otros jóvenes que habían sido deportados. Finalmente, logró recibir su título universitario en 2016 gracias a que las leyes de California permitieron a los inmigrantes indocumentados ejercer dicha profesión, recoge ‘Newsweek’.

En su práctica legal, la jurista trabaja con inmigrantes exigiendo salarios más altos, protección social y menos discriminación. Y aunque anteriormente otros indocumentados han ocupado puestos en estamentos municipales, Mateo es la primera a nivel estatal y sin ser beneficiaria del DACA, aprobado por el expresidente Barack Obama y recientemente suspendido por Trump.