El experto indicó que la disponibilidad de los vehículos aéreos será clara solo dentro de un tiempo, cuando se haya desarrollado la industria. Algunas personas podrán permitirse los coches voladores, pero la mayoría probablemente todavía viajarán por carretera en vehículos eléctricos o autos autónomos, que en opinión de Martin pueden ser más seguros y pueden transportar a más personas. Sin embargo, destacó una posible aplicación práctica de las nuevas tecnologías, que cree sería llevar cargas y paquetes. El directivo de Lacuna Technologies considera que “eso será un gran éxito”. Según Hugh Martin, existe una gran diferencia entre cuándo los coches podrán volar y cuándo serán seguros para ser utilizados de manera práctica y comenzarán a navegar los cielos. Agregó que las autoridades de las ciudades están “cada vez más preocupadas” por cómo se gestionará el nuevo tipo de tráfico.

Las nuevas normas deben incluir la regulación del despegue y el aterrizaje. “En lugar de un aeropuerto en cada gran ciudad, deberá haber miles de aeropuertos dispersos por toda una ciudad”, subrayó el experto. Los desarrolladores también deben considerar la distancia entre los vehículos y el momento en que se les permitirá volar. “Eso va a tomar mucho tiempo”, concluyó el especialista. Sin embargo, Hugh Martin informó que la Administración Federal de Aviación de EE.UU. y la NASA están trabajando con los proveedores de drones y taxis aéreos para considerar cómo será el tráfico aéreo en el futuro. Estos trabajos ya empezaron en Los Ángeles.

Los expertos de McKinsey & Company están de acuerdo en que el desarrollo de sistemas reguladores requerirá mucho tiempo y una cantidad significativa de mano de obra calificada. Añaden que la industria también deberá abordar varios desafíos relacionados con la infraestructura. La compañía recuerda que el nuevo tipo de movilidad aérea también requiere altos niveles de electricidad, que de manera ideal debería provenir de fuentes renovables para promover la sostenibilidad y la seguridad medioambiental.

Los términos del servicio, que rápidamente fueron compartidos en Twitter y ‘Reddit’, aparecen una semana después de que la empresa de Elon Musk revelara sus planes de construir una mega constelación de satélites alrededor de Marte y una ciudad autosuficiente que no dependa de la Tierra para sobrevivir.

Only @elonmusk would write this shit.

From the Starlink terms of service.

He’s already laying the legal framework for the Mars colony… pic.twitter.com/GRt1SKwVWJ

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) October 28, 2020

El usuario de Twitter ‘Whole Mars Catalog’ fue aparentemente el primero en compartir la novena cláusula de los términos de servicio al consumidor beta de Starlink. Denominada ‘Leyes aplicables’, la sección establece que el servicio de Starlink en la Tierra y la Luna se regirá por las leyes establecidas por el estado de California, pero en Marte no reconocerá la autoridad o soberanía de ningún gobierno de la Tierra.

“Para los servicios prestados en Marte, o en tránsito a Marte a través de Starship u otra nave espacial de colonización, las partes reconocen a Marte como un planeta libre y que ningún gobierno con base en la Tierra tiene autoridad o soberanía sobre las actividades marcianas”, reza la clausula. “En consecuencia, las controversias se resolverán mediante principios de autogobierno, establecidos de buena fe, en el momento del arreglo marciano”.

En el marco de un proceso de divorcio, Summer Worden acusó a la astronauta Anne McClain de acceder a sus cuentas bancarias mientras se preparaba durante seis meses en la EEI para ser parte de la primera caminata espacial femenina de la NASA. McClain reconoció el hecho, pero alegó que solo estaba revisando las finanzas de la familia, a pesar de que ya estaban separadas. “Me horrorizó que llegara tan lejos. Sabía que no estaba bien”, afirmó Worden. Por su parte, Rusty Hardin, el abogado de la astronauta, asegura que su cliente “niega enérgicamente haber hecho algo inapropiado”, y que está cooperando totalmente.

P08242019 #Nasa was investigating a claim that an #astronaut accessed the bank account of her partner from the #ISS, the first allegation of a crime in space. Anne McClain denied any wrongdoing. Her partner, Summer Worden filed a complaint with the Federal Trade Commission #FTC pic.twitter.com/QHij2puwS2

— The Day Today (@thedaytotwit) August 24, 2019

La defensa señala que la acusada solo quería asegurarse de que existían los fondos suficientes para cuidar del niño que estaban criando juntas, pero este era hijo biológico de Summer Worden, una exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de EE.UU. Aparentemente, los problemas de la pareja surgieron cuando McClain pretendía obtener los derechos de maternidad compartida sobre el niño, pero su esposa no lo permitía.

En 2018, tras cuatro años de matrimonio, la exoficial solicitó el divorcio después de que la astronauta la acusara de agresión, cargos que Worden niega. Además, considera que la denuncia fue parte una estrategia para obtener la custodia del niño. Posteriormente el caso fue desestimado, pero ahora las disputas domésticas continúan. Anne McClain iba a ser parte de la histórica caminata espacial de mujeres junto a Christina Koch, pero días antes de la misión, la agencia suspendió su participación explicando que no había suficientes trajes disponibles para las dos mujeres.

La NASA aclaró que la decisión no fue influenciada por ninguna acusación sobre McClain. “El hecho de que esté en el espacio no significa que no esté sujeto a la ley”, comentó Mark Sundahl, director del Centro Global de Derecho Espacial de la Universidad Estatal de Cleveland.

La demanda, presentada en 2016, alegó que Google violó la ley del estado estadounidense de Illinois al recopilar datos biométricos sin su consentimiento, de acuerdo con documentos publicados por el ‘Santa Clara Law Digital Commons’. Los datos fueron recolectados de sus fotos almacenadas en Google Photos.

Los demandantes exigieron más de cinco millones de dólares en daños para “cientos de miles” de usuarios afectados, argumentando que el escaneo no autorizado de sus caras era una violación de la Ley de Privacidad de Información Biométrica de Illinois, que prohíbe completamente la recopilación de información biométrica sin consentimiento.

Google respondió que los demandantes no tenían derecho a ninguna compensación, ya que no habían sido perjudicados por la recopilación de datos. El pasado sábado, el juez de distrito Edmond E. Chang dictaminó a favor del gigante tecnológico, argumentando que los demandantes no habían sufrido ningún “daño concreto”.

Además de permitir que Google continúe con la práctica, el fallo podría tener implicaciones para otros casos pendientes contra Facebook y Snapchat. Ambas compañías están siendo demandadas actualmente por violar la ley de Illinois.