La sustancia estaba presente en concentraciones bajas, más bajas que las que se encuentran típicamente en alimentos humanos, pero se desconoce el efecto del glifosato en animales domésticos en cualquier concentración. Los estudios han encontrado que incluso a niveles muy inferiores a los considerados ‘seguros’ por los reguladores los efectos para las células humanas de la exposición a herbicidas basados en glifosatos son muy negativos.

Un segundo estudio, realizado por el ‘Environmental Working Group (EWG)’, encontró glifosato en todos los cereales y alimentos a base de avena. Peor aún, 26 de los 28 productos probados contenían niveles más altos del herbicida que el “punto de referencia de salud infantil” del EWG. Entre los productos probados había cereales para el desayuno y barras de refrigerios.

En agosto, pruebas realizadas por laboratorios independientes encontraron glifosato, principio activo del herbicida Roundup, en 43 de 45 cereales para el desayuno. Aunque los fabricantes de estos productos protestaron afirmando que los niveles de glifosato se encontraban dentro los límites regulatorios establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), estos se fijaron antes de que en 2016 la Organización Mundial de la Salud detectara la relación de la sustancia con el cáncer.

El anuncio se produce después de que el pasado 10 de agosto el Tribunal Superior de San Francisco, en California (EE.UU.), obligara a la empresa estadounidense de semillas y fertilizantes a pagar 289,2 millones de dólares al jardinero Dewayne Johnson, al que le fue diagnosticado un cáncer terminal, supuestamente contraído por usar productos de la compañía.

El gigante de la biotecnología Monsanto es uno de los líderes mundiales en cultivos y semillas genéticamente modificadas. En los años 60, Monsanto era uno de los fabricantes del Agente Naranja, utilizado como arma química en la guerra de Vietnam, también conocida en este país como la Guerra de Resistencia contra EE.UU. Como resultado del uso del Agente Naranja, alrededor de 400.000 personas fueron asesinadas o mutiladas, 500.000 niños nacieron con defectos de nacimiento y un millón de personas quedaron discapacitadas o sufrieron problemas de salud, según la ‘Cruz Roja’.

“Este caso es un precedente que descarta los argumentos previos de que los herbicidas suministrados a los militares estadounidenses por Monsanto y otras compañías químicas de EE.UU. durante la Guerra de Vietnam no son dañinos para la salud de las personas”, aseveró este jueves Nguyen Phuong Tra, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático.

“Creemos que Monsanto debería ser el responsable de compensar a las víctimas vietnamitas del Agente Naranja por el daño causado por los herbicidas de la compañía”, añadió Tra.

En 2004 las víctimas de Vietnam afectadas por el Agente Naranja presentaron una demanda conjunta contra Monsanto, Dow Chemical y otras 30 fabricantes de defoliante tóxico —sustancia presente en ciertos herbicidas que provoca cáncer, discapacidades mentales y deformaciones de nacimiento— ante un tribunal de Nueva York (EE.UU.). No obstante, la demanda fue desestimada por el tribunal estadounidense alegando falta de pruebas.

Aún así, el organismo reconoció que no sabe ni cuándo ni por qué estas plantas comenzaron a crecer allí. “No podemos especular sobre cómo apareció”, declaró David Bailey, director de división de producción vegetal de la CFIA, citado por ‘CBC’. “Lo que podemos decir con confianza es que no ha salido de esa ubicación”, afirmó.

Los funcionarios encontraron las plantas en una granja en el sur de la provincia de Alberta en verano del año pasado. Estas se encontraban junto a una carretera de acceso y no en la principal área de cultivo, y fueron advertidas porque el cereal había sobrevivido allí a la pulverización de las malezas del lugar. Las pruebas confirmaron que las plantas contenían un rasgo genéticamente modificado desarrollado por Monsanto, la principal compañía productora de agroquímicos y semillas modificadas del mundo.

Monsanto comenzó a realizar pruebas de campo de un trigo tolerante a los herbicidas en Canadá en 1998, pero las detuvo en 2004 después de que estas despertaran una amplia oposición entre la sociedad canadiense. Actualmente, este trigo genéticamente modificado no está aprobado para su producción comercial en ninguna parte del mundo.

El incidente ha despertado inquietud en Ottawa, preocupada por si la noticia podría afectar a las exportaciones de trigo canadiense. En 2013, después del descubrimiento de trigo genéticamente modificado en un campo en el estado de Oregón, varios países asiáticos suspendieron las importaciones del cereal de EE.UU.

“Basados ​​en extensas pruebas científicas, no hay evidencia de que este trigo esté en otra parte que no sea donde fue descubierto”, subrayó Kathleen Donohue, del Deaprtamento de Agricultura de Canadá. “Esperamos que nuestros socios comerciales tomen decisiones informadas basadas en la ciencia”.

Tras enfatizar que el trigo transgénico no ha sido encontrado en ningún cultivo comercial del país fuera de ese “sitio aislado”, la CFIA se comprometió a monitorear el área de descubrimiento durante los próximos tres años. Mientras tanto, la cosecha descubierta fue destruida.

Por años, transnacionales como Monsanto y Bayer –en vías de fusión–, PHI Pioneer, Dow Agrosciences y Syngenta se han esforzado no solo en introducir maíces genéticamente modificados y nanomaíces, sino sobre todo en producirlos y venderlos masivamente.

Y han avanzado en su ambición: en 29 de las 32 entidades federativas del país se han sembrado sus semillas en fase experimental, y en las tres restantes hay evidencias de contaminación y liberación ‘accidental’, según el estudio ‘Treinta años de transgénicos en México’, del ‘Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano’ (Ceccam).

Entre enero de 2005 y agosto de 2017, el Gobierno mexicano emitió 595 permisos para siembra de nueve productos transgénicos, incluido el maíz, en 5.770.000 hectáreas, en fases experimental, piloto y comercial.

“El territorio nacional está invadido por este tipo de cultivos. Habíamos subestimado la manera en cómo estaban avanzando, aunque para la fase comercial solo están autorizados el algodón y la soja”, explica Daniel Sandoval, autor de la investigación del Ceccam.

Actualmente, las transnacionales e incluso la Embajada de EE.UU. en México promueven permisos que afectarían otras 9.700.000 hectáreas, donde también podrían producir alfalfa, canola, frijol, naranja, limón y trigo genéticamente modificados.

En rechazo al maíz transgénico, se han unido científicos comprometidos con la sociedad, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, activistas, agricultores y pueblos indígenas. Y gracias a una demanda colectiva –presentada desde 2013– se han frenado los permisos que otorga la federal Secretaría de Agricultura para el caso del maíz.

Adelita San Vicente, directora de la Fundación Semillas de Vida y representante legal en esa acción legal colectiva, señala que con los transgénicos “se está contaminando el centro de origen del maíz y se está violando nuestro derecho a la biodiversidad”.

Rodrigo Ojeda de Koning, director jurídico de Monsanto Latinoamérica Norte, lo rechaza: “No existe ningún impacto con relación a la siembra de este grano, ya que no está permitido realizarla en tanto se resuelve la demanda presentada por la acción colectiva”.

Consultado por RT, asegura que esa transnacional nunca obtuvo permisos de liberación comercial de maíz genéticamente modificado, por lo que tampoco lo comercializa.

Y aclara que, desde septiembre de 2013, la empresa no realiza actividades experimentales ni de prueba con granos transgénicos de maíz, debido a que el gobierno federal está impedido de otorgar permisos por la acción colectiva.

Así como controla el 90% del mercado mundial de semillas transgénicas, Monsanto también lidera la carrera en México. Entre 2005 y agosto de 2017 presentó 379 solicitudes de liberación de organismos genéticamente modificados: de algodón fueron 228; de maíz, 109; soja, 32; alfalfa, ocho; y canola, dos.

“Los médicos no explicaron nada, me la entregaron muerta y dijeron que la tocara, que estaba calentita. Esto fue hace 15 años atrás, no había la información que hay ahora”, relata. Aunque se planeaba realizarle una operación, la ‘beba’ no aguantó más tiempo con vida. “No sabíamos que los agroquímicos estaban enfermando a las familias”, se lamenta.

La madre vivía a 50 metros de campos de soja transgénica —modificada genéticamente para resistir a los herbicidas—, donde “fumigaban a la mañana, tarde y noche”. Se trata de productos que se esparcen en el aire, para evitar que diversas malezas ataquen los cultivos y arruinen la producción, aunque sus efectos colaterales atenten contra miles de familias. Sofía investigó y entendió la base del problema: “A este tipo de soja se le tira glifosato”, menciona: es uno de los potentes productos diseñados para matar agentes invasivos.

En el año 2009 se inició un juicio en la provincia de Córdoba por este conflicto y “a los responsables les dieron tres años de prisión y tareas comunitarias”. Los acusados apelaron la resolución, pero “la Corte Suprema falló a favor de los vecinos hace menos de un mes y la sentencia quedó firme”. Tras la primera condena, “los productores vendieron los terrenos, se les puso el nombre de ‘ecotierras’ y se construyeron viviendas ahí, sobre lo contaminado”. ¿Hace falta iniciar un nuevo litigio? Según cuenta Gatica, no se realizó ningún estudio previo de impacto ambiental.

La postura judicial no llegó por arte de magia; en el medio hubo protestas, manifestaciones públicas y cortes de ruta: “Tras las movilizaciones logramos que interviniera el Gobierno”, resalta. Sobre ello, destaca que en 2010 la presidenta de aquel entonces, Cristina Kirchner, ordenó por decreto un estudio para precisar el estado sanitario de esa zona. “Querían saber por qué se moría esta gente y determinar si era cierto lo que denunciábamos”, explica. El resultado fue devastador: “Mis hijos tienen entre tres y cuatro agroquímicos en sangre. En Ituzaingó son 6.000 habitantes, de los cuales el 33 % tenía cáncer y el 80 % contaba con estos contaminantes en sus organismos”. Así las cosas, Sofía tuvo que abandonar el barrio junto a su familia.

A partir de allí, se difundió la idea de que “el barrio era inhabitable” y eso “no le gustó al Gobierno”. Entonces, “se formó otra comisión paralela, donde participó el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y se determinó que el glifosato no hace nada”. Curiosamente, Barañao sigue dirigiendo el Ministerio en la gestión de Mauricio Macri. Palabras más, palabras menos, en Argentina todavía resuena la frase del histórico expresidente Juan Domingo Perón: para que nada cambie, lo mejor es crear una comisión.

“Hay que salir a luchar, si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Nosotros lo pudimos demostrar”, resalta la militante, haciendo referencia al bloqueo de cuatro años realizado en la planta que la multinacional Monsanto —empresa dedicada a los agroquímicos— planeaba instalar en Malvinas Argentinas, una localidad de la misma provincia. “Se tuvieron que ir”, celebra, y rememora la histórica gesta de los activistas. Sin embargo, alerta que en el país se sigue sosteniendo un “modelo de muerte” y que el Estado aún negocia con las corporaciones.

El alza en el precio de esta oleaginosa en los últimos años desató el denominado ‘boom de la soja’ y muchos empresarios se lanzaron a este negocio de altas rentabilidades. Según un estudio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre los ciclos 2005-2006 y 2015-2016, Argentina pasó de producir 40,5 millones de toneladas a 58,5 millones, un incremento a todas luces notable.

De las casi 37 millones de hectáreas sembradas que existen en el país, el 55% estaban destinabas a este monocultivo el año pasado. Tres países, EE.UU., Brasil y Argentina, generan el 80% de granos de soja en todo el planeta, cuyo principal comprador es China. ¿Qué pasaría si los asiáticos dejaran de consumir este alimento? El resultado económico podría ser indescriptible, aunque es poco probable que la relación comercial se termine.

Otras de las consecuencias de este sistema extractivista son la deforestación de miles de hectáreas, la expulsión de comunidades indígenas y las posibles inundaciones: “La conversión de tierras con vegetación perenne, como bosques, pastizales o pasturas, a cultivos anuales, disminuye el consumo de agua anual y promueve la recarga y el ascenso de aguas subterráneas, con riesgo de anegamiento”, ha alertado Miguel Taboada, director del Instituto de Suelos del INTA, en el sitio web del organismo.

Más inmediatos, sin embargo, son los temas de las fumigaciones de los campos y su repercución en la salud de las personas. Y a ese respecto no alcanzaría una nota periodística para mencionar todas las leyes violadas al sostener ese modelo agroalimentario. Por citar un ejemplo, el artículo 41 de la Constitución Nacional aqrgentina establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Lejos de ello, “a partir de 2002 y 2003 se empezaron a multiplicar los niños que nacen con malformaciones”. Así lo denuncia Medardo Ávila Vázquez, un médico pediatra y neonatólogo que dirigió las terapias intensivas de niños recién nacidos en el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Es, además, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de esa institución y también coordina la Red de Médicos de Pueblo Fumigados.

Con la autoridad que le confiere esa experiencia, afirma: “En Argentina se están usando 400 millones de kilos de agrotóxicos, nadie le escapa. En las ciudades estamos consumiendo alimentos cargados de estas sustancias químicas, pero sin dudas los pueblos ubicados en zonas de cultivos intensivos de soja y maíz transgénicos son los más expuestos”.

Ávila precisa que lo anterior “involucra a 12 millones de personas en Argentina, que viven principalmente en zonas sojeras”, y añade que eso ocurre “sobre todo en pueblos pequeños, de menos de 50.000 habitantes, donde se fumiga cada 15 días y los vecinos se acostumbran al olor y ardor en los ojos”.

Ávila Vázquez subraya que la incidencia de problemas cardíacos, conflictos neurológicos, síndrome de Dawn o malformaciones fue siempre baja en los niños: “Del 2 %”. Pero a medida que otro modelo económico se asentó en el país, la salud de los más vulnerables empeoró drásticamente: “De pronto empezamos a tener muchos más chicos, y en algunos meses del año casi todos los pacientes de neonatología estaban malformados. Empecé en 1987 y esto antes no se veía. En otoño y en invierno, los hijos engendrados en la primavera anterior tenían una tasa de malformaciones tan alta que ocupaban casi toda la unidad de terapia intensiva neonatal. Las madres de estos niños vivían en zonas que estaban en contacto con los agrotóxicos o cultivos transgénicos”.

En esa misma línea, describe algunas de las anomalías que se presentan entre las poblaciones contaminadas: “El síndrome de Dawn es mucho más frecuente en los pueblos fumigados. También la gastrosquisis u onfalocele, que son lesiones de la pared abdominal, por lo que el niño nace con el intestino u otros órganos afuera del cuerpo. Las hernias diafragmáticas o el tubo neurológico de la médula espinal sin cerrar se acrecentaron. Algunos nacen con un enorme quiste en la espalda. Esos niños no tienen movilidad, no van a caminar nunca”.

No hace falta agregar mucho más, pero Medardo reflexiona: “Mientras una familia se enriquece vendiendo soja, otra tiene la desgracia de tener niños malformados porque la madre estuvo expuesta a esos venenos. Es una gran inequidad”.

Junto con otros colegas y académicos, Ávila Vázquez logró demostrar que “en las zonas donde hay más glifosato, hay más cáncer”, mediante una investigación publicada en el International Journal of Clinical Medicine. Allí destacaron que en la localidad provincial de Monte Maíz, que tiene 8.000 habitantes, “la incidencia, prevalencia y mortalidad por cáncer es de dos a tres veces más elevada que los valores de referencia para todo el país”. Por citar un ejemplo más, con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que en el resto de Argentina 115 de cada 100.000 personas mueren por esa enfermedad, en Monte Maíz la cifra proporcional vendría a ser de 383.

El entrevistado profundiza la hipótesis: “Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de otros países mostraron cómo en ratas, usando glifosato, había alteraciones tóxicas en el núcleo de las células. Es decir, funcionan de otra manera, se convierten en mutantes. Entonces, las células de nuestro propio cuerpo empiezan a hacer otra cosa, porque se enloquecieron; cambiaron su código genético tras ser alteradas por sustancias químicas. Si esas células no son eliminadas y se reemplazan por otras normales, pueden desarrollar un cáncer”.

Vale mencionar que “la OMS reconoce que el glifosato es cancerígeno”.

“Si la célula afectada es de un espermatozoide o un óvulo, vamos a tener un embrión que va a nacer modificado, con malformaciones, o que directamente no va a poder llegar al final de su embarazo, con un aborto espontáneo”, alerta el especialista.

En 2010, 2011 y 2015 se realizaron congresos médicos en pueblos fumigados de todas las provincias argentinas. Profesionales con décadas de experiencia señalaron ciertos patrones comunes.

Al compartir esas experiencias y registros, y con respaldo además de mediciones propias, el experto concluye: “En los pueblos fumigados, la tasa de abortos espontáneos en mujeres con edad reproductiva -de 15 a 40 años- está entre un 10 y 22 % en el período de los últimos cinco años. En las ciudades, el promedio es de 3 %”.

En otras palabras: en las poblaciones más expuestas a los campos transgénicos, una de cada cinco mujeres pierde su bebé.

Sobre ello, Ávila ejemplifica: “La Pampa húmeda es la zona con menos necesidades insatisfechas, con buen acceso a la educación y gran estándar de vida. Sin embargo, muchas mujeres jóvenes, aparentemente sanas, pierden sus embarazos”.

Un estudio desarrollado en 2016 por el CONICET, la Universidad Nacional del Comahue y otras instituciones, determinó que en el Alto Valle de los provincias de Río Negro y Neuquén, donde se producen peras, manzanas, olivos y frutos secos —y se utilizan plaguicidas para tal fin—, peligra la maternidad: “Los agroquímicos más utilizados en esta región poseen ciertas características químicas que favorecen su absorción desde el ambiente hacia el interior del cuerpo. Tal es así, que una vez que los plaguicidas han alcanzado la sangre materna, los residuos tienen una alta probabilidad de llegar a la placenta y desde allí al feto”.

Mientras los medios argentinos de mayor difusión callan, y la clase dirigente otorga concesiones, la avaricia empresarial mata de noche y de día en este crimen a cuenta gotas. Para describir este fenómeno capitalista, el informe también señala que “un 50 % de los plaguicidas aplicados se dispersa en el ambiente sin llegar a los blancos pretendidos, con una proporción muy alta en canales, lagunas y arroyos por deriva, escorrentía, lavado por lluvias y riego”. En aquella región viven más de 624.000 habitantes. Por si no se entendió: al presente momento, miles de personas en Argentina consumen agua y alimentos contaminados.

Los resultados del estudio, elaborado por Luis Medina, José Javier Quezada-Euán y William de J. May-Itzá –investigadores de la Universidad Autónoma de Yucatán–, demuestran que las abejas forrajeadoras pueden visitar las flores de soja ubicadas a más de tres kilómetros de sus apiarios, y de esa manera contaminar con polen transgénico la miel que producen.

El análisis, titulado ‘Determinación y cuantificación de granos de polen de soja (Glycine max L.) en miel de abeja (Apis mellifera) y comportamiento de las abejas en áreas de cultivo cercanas a apiarios de la Península de Yucatán, México’, asegura que el porcentaje de granos de polen de soja en la miel disminuye cuando se incrementan las distancias.

Con ello, la investigación establece que a nivel de apiario el porcentaje de contaminación en las mieles fue mínimo (menos del 0,9%). Cifra, por cierto, muy conveniente, pues las normas establecidas por la UE indican que la miel que contenga más de 0,9% de polen transgénico no es orgánica y, por tanto, debe etiquetarse como transgénica.

En contrapartida, y desde hace más de cinco años, indígenas mayas productores de miel y organizaciones no gubernamentales han denunciado que las plantaciones de Monsanto en la Península de Yucatán contaminan el producto.

En 2012, el gobierno mexicano autorizó la siembra de soja transgénica de Monsanto -la MON-04032-6, tolerante al herbicida glifosato- en 253.500 hectáreas de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.

De acuerdo con Greenpeace, los cultivos transgénicos representan una afectación para las abejas y la producción de miel mexicana. Según la organización internacional, las abejas son vulnerables ante la exposición a agrotóxicos.

La manera en que se ven afectadas ya ha quedado demostrada con el estudio científico de la Universidad Autónoma de Yucatán, que revela que los porcentajes de polen transgénico presentes en la miel no siempre son menores al rango aceptado por la UE.

Hay “variaciones” en esa afectación, “dependiendo de la distancia del cultivo, de las extensiones de soja cultivadas, y posiblemente de la vegetación nativa cercana a los apiarios que proporcionan néctar y polen a las colonias de abejas”, señala la investigación.

No obstante, el gobierno ha cedido en todo el país más de 15 millones de hectáreas a la siembra de distintos organismos genéticamente modificados, entre ellos de maíz, uno de los alimentos principales de los mexicanos.

Así, las prioridades gubernamentales parecen coincidir con los intereses -y beneficios- de grandes transnacionales como Monsanto, a pesar de los alertas y las protestas de quienes exigen considerar en primer lugar la seguridad alimentaria del país. La contaminación transgénica, al menos en el caso de la miel, es una realidad.

El resultado ha sido un desplazamiento masivo de la producción y el modo de vida campesino, acompañado del deterioro ambiental que produce la deforestación y la fumigación.

¿Cómo ingresaron los transgénicos a Paraguay?

Franceschelli explica que en el año 1996 comenzó a cultivarse ilegalmente en territorio paraguayo la Soja RR producida por la empresa Monsanto y popularmente conocida en el país como “soja maradona”.

Cuando en 2004 el gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos “legisló liberando este cultivo”, Paraguay ya tenía “más de un millón de hectáreas sembradas”, señaló la investigadora. Esto dio inicio a “un periodo de expulsión campesina, destrucción y contaminación ambiental, disminución de la producción de alimentos, enfermedad y muerte”.

Hasta el año 2012 la soja RR fue el único transgénico legal en el país. Un año antes el ministro de Agricultura, Enzo Cardozo, liberó ilegalmente la semilla de algodón transgénico Bollgard BT, también de Monsanto. Pero esta no fue aprobada por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), “por carecer de los dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la legislación”.

“La cuestión de los transgénicos arranca a mediados de la década del 90”, explicó Tamara Perelmuter del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS) a RT.

“Es importante entender que los transgénicos se insertan en la marco de un modelo más general que es el del agronegocio”, añadió Perelmuter y analizó que esta “es la forma mediante la cual se insertó el neoliberalismo en el agro”.